lunes, 14 de abril de 2014

La encrucijada del Tercer Sector




        Varios temas relacionados con el tercer sector me tienen la cabeza loca desde hace unos meses. Aunque suena a justificación y posiblemente lo sea, quiero aclarar que las entidades de carácter social hacen una labor necesaria que admiro mucho, y por este motivo colaboro con una de ellas desde hace años, formando parte incluso de la junta directiva.

        Esta labor necesaria ha de ser, sin embargo, complementaria a los sistemas públicos de protección, al menos así lo entiendo yo, como garantía del cumplimiento de los derechos que todo ciudadano tiene reconocidos. Si el tercer sector gestiona servicios básicos, las garantías de cumplimiento de estos derechos se reducen, pues la administración no tiene un control directo sobre los mismos y el seguimiento genera muchas más dificultades que la gestión directa.

        Hace dos meses una noticia llamó mi atención, quizá la recordéis. Cáritas Cádiz rompe unilateralmente un convenio con la Asociación Andaluza para las Artes Escénicas y Audiovisuales (Escenopán) por medio del cual esta asociación cedía el 70% de los ingresos generados por las obras de teatro que representan, para colaborar con la ONG de la Iglesia en la lucha contra la pobreza. El motivo alegado para romper el convenio ha sido la representación de una obra  llamada "Diluvium" en la que un joven se enamora de un sacerdote. ¡Con la homosexualidad hemos topado, amigos! ¿A alguien más le resulta una razón totalmente arbitraria para rechazar la donación, o sólo a mí?

        Muchos servicios públicos se están externalizando (en cristiano: privatizando) para ser gestionados por empresas y asociaciones, ya que parece que salen más económicos que si los presta directamente la administración. Esta privatización, en el caso de las asociaciones, está beneficiando sobre todo a las grandes: Cáritas y Cruz Roja. Me parece bien que la administración quiera ahorrar costes, pero no que juegue con los derechos de la ciudadanía, pues hay servicios que no deberían salir del ámbito de lo público ya que su esencia es pública y requieren la máxima garantía. Estamos hablando de derechos.

        La noticia comentada es una prueba de que no se trabaja igual en el sector público que en el sector privado, pues los intereses y valores son distintos. Podemos pensar que es algo respetable, aunque personalmente considero que el rechazo a la homosexualidad va en contra de los valores constitucionales, valores que son los que se defienden desde lo público. Los sistemas de protección pública se financian con impuestos que pagamos todos, heterosexuales y homosexuales. ¿Os imagináis que el Estado rechazase los impuestos de un colectivo concreto por cuestiones ideológicas o de valores? El sistema público, a pesar de todos los desmanes de nuestros políticos, tiene mayores garantías, porque lo que importa es prestar el servicio al ciudadano.

        Cáritas en este caso está dando más importancia a sus valores, discriminatorios hacia la homosexualidad, frente a la lucha contra la pobreza, que está entre sus objetivos. Tienen sus prioridades y está muy bien, para eso son una entidad privada, pero si van a gestionar servicios cuya esencia es pública, deberían respetar los principios constitucionales. Por eso considero un atropello al Estado de Derecho que servicios básicos se estén externalizando a marchas forzadas. 

        Os pondré otro ejemplo que ha sido bastante mediático. La privatización de la donación de sangre en Madrid. Con la tan llevada y traída excusa razón de evitar duplicidades, la Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con Cruz Roja para organizar la donación de sangre, cediendo los vehículos y el material necesario para la extracción en unidades móviles. Yo me pregunto: si esto se puede hacer desde el sistema público, si en Sanidad van a mantener al personal y el coste es el mismo ¿por qué motivo lo va a hacer una entidad privada? ¿hay suficiente garantía para el mantenimiento de los equipos? ¿suficiente personal? ¿estabilidad? ¿continuidad?

        Entiendo la explicación de Cruz Roja, ellos no van a vender la sangre ni ganan dinero con las donaciones. Legalmente no pueden obtener ningún tipo de beneficio y todos los ingresos han de utilizarse para realizar sus actividades. Sin embargo, considero que la donación de sangre es un servicio de vital importancia y por lo tanto, la responsabilidad es pública.

        Las entidades del tercer sector están haciendo un gran trabajo, a veces con muy pocos medios, no quiero con este análisis empañar su labor. En la memoria de todos están los recientes y vergonzosos ataques del ministro Montoro hacia Cáritas por los datos que esta entidad ha publicado sobre pobreza infantil. Es de agradecer la honestidad de Cáritas y del tercer sector a la hora de facilitar una información muy importante que el gobierno prefiere que no conozcamos.

¿Encrucijada? ¿responsabilidad?
        También es reciente una noticia sobre un cambio legislativo en la ley de subvenciones que va a afectar al funcionamiento de las entidades de carácter social. El borrador del anteproyecto de ley establece la cofinanciación de las actividades con entidades privadas y que las asociaciones adelanten el dinero de las subvenciones. Nada nuevo bajo el sol, en realidad, pues en la práctica esto ya era así, debido a la tardanza en el pago de las subvenciones por parte de las administraciones. Lo que este cambio normativo puede implicar, es el afianzamiento de un sistema que beneficia a las asociaciones con mayor solvencia económica y aboca a la desaparición de las pequeñas.

        Para terminar por hoy me quedo con algo que sí me ha gustado, las declaraciones de Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España: "hacemos actividades que debería estar haciendo la propia Administración, que debe asegurar una vida digna a los ciudadanos, nosotros somos colaboradores".
        Esto es precisamente lo que intento defender y por este motivo las entidades del tercer sector se encuentran en una complicada encrucijada. No es poca su responsabilidad. Si lo que les preocupa realmente es defender los derechos de la ciudadanía, no deben aceptar cualquier propuesta de la Administración que implique dejación de funciones públicas. Por el contrario, deberían exigir que la Administración siga ofreciendo los servicios y prestaciones vinculados a derechos reconocidos en Convenios Internacionales, en la Constitución y en las leyes, a pesar de la situación de crisis económica que no puede utilizarse como excusa para privatizar y conculcar derechos. Las entidades del tercer sector se enfrentan a una dura prueba en la que deben demostrar que no están dispuestas a colaborar en los recortes sociales, sino más bien al contrario, velando por el cumplimiento de los compromisos públicos, con su importante papel de denuncia y reivindicación.