¿Los Servicios Sociales no hacen nada con las personas mayores?

          La semana pasada prometí poner ejemplos concretos para entender mejor la intervención de los Servicios Sociales (aquí), pues en gran medida se desconoce lo que hacemos, habiendo muchos prejuicios sobre nuestro cometido. Al existir la creencia de que debemos resolver todo tipo de problemáticas sociales, si no lo hacemos, consideran que estamos incumpliendo nuestras obligaciones. Lo más preocupante es que esto lo piensan muchos profesionales que se relacionan con nosotros de forma habitual. Pues ya adelanto que ni hacemos magia ni dominamos el arte de birlibirloque.

          En Servicios Sociales tenemos como objetivo garantizar el bienestar de las personas a las que nos dirigimos, pero ¿qué es el bienestar? ¿aquello que yo entiendo por bienestar? ¿aquello que la sociedad entiende por bienestar? ¿aquello que la normativa entiende por bienestar? ¿aquello que los familiares, vecinos, amigos, conocidos u otros profesionales entienden por bienestar? o quizá ¿aquello que la persona interesada entiende por bienestar? Es posible que ninguna de estas opciones sea la correcta, pero planteo estas preguntas porque yo me las hago muy a menudo en mi trabajo. Y lo admito, no tengo una respuesta clara ni satisfactoria.

          En esta entrada me voy a centrar en las PERSONAS MAYORES y para ello os voy a contar  de forma breve la historia de un usuario, un hombre encantador al que me gustaba visitar. Le llamaremos Andrés y os diré que se trata de un caso de hace bastante tiempo. El señor Andrés tenía casi noventa años y vivía sólo en su municipio, un pueblo de unos doscientos habitantes. Aunque caminaba sin ayuda y no estaba demasiado limitado para su edad, ya tenía muchos despistes y necesitaba que le bañasen y le hicieran las tareas domésticas. Por este motivo habíamos puesto en marcha un Servicio de ayuda a domicilio público para cubrir sus principales necesidades: aseo diario, control de medicación, preparación de comida y limpieza. Además, una vecina le visitaba varias veces al día, le ponía la cena y salía a pasear con él por las tardes. 

          Con el tiempo, la atención que recibía empezó a ser insuficiente. Algunas mañanas la auxiliar de ayuda a domicilio se lo encontraba totalmente meado, nervioso y desorientado. Andrés tenía dos hijos que no residían en el pueblo y habían acordado con la vecina que le dejara siempre la puerta de la calle cerrada con llave para evitar que saliese de casa sólo y se pudiera perder. Estos dos temas me tenían muy preocupado: la atención insuficiente y que este hombre estuviera literalmente encerrado en su propia casa, con el riesgo que esto entraña en caso de ocurrir algún tipo de accidente en su interior. 

          En este punto es necesario saber cómo está la normativa y qué podemos hacer desde los Servicios Sociales. La ley dice que toda persona mayor de edad es libre para tomar sus propias decisiones, salvo que esté incapacitada judicialmente. La teoría es fácil, pero la realidad es puñetera y no se adapta bien a los supuestos legales, porque vamos a ver ¿quién valora la presunta incapacidad para ponerlo en conocimiento de un juez? ¿o ante la mínima duda deberíamos acudir al juzgado?

          En el caso concreto que os estoy contando, observo la siguiente situación: Andrés no tiene cubiertas de forma adecuada sus necesidades básicas, pues la atención que recibe es insuficiente. Es más, existe un riesgo cierto de que sufra algún accidente y al encontrarse sólo y encerrado en casa, nadie pueda ayudarle. Yo le intento hacer ver esta situación, aunque no tengo claro que lo entienda. Lo que él manifiesta de forma muy clara es que quiere seguir residiendo en su pueblo y en su casa. Andrés tiene muchos despistes, pero no existe ninguna valoración médica que indique un claro deterioro cognitivo que le impida regirse por sí mismo. La Ley de Enjuiciamiento Civil me obliga a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal que existe un riesgo debido a una presunta incapacidad, pero ¿cómo puedo estar seguro de no ir en contra del derecho que tiene Andrés a decidir por sí mismo? Aquí vuelven a resonar en mi cabeza las cuestiones sobre el bienestar: ¿quién lo decide?

          Hablar con los hijos resultaba complicado y que tomasen decisiones sobre su padre más aún, pues entre ellos no existía buena relación. Sin embargo yo necesitaba hacerles conscientes del problema. Los contactos telefónicos resultaban insuficientes en este caso, hacía falta vernos las caras para reflexionar juntos y buscar alternativas. Para ello resultaba imprescindible tener una entrevista, al  menos con uno de ellos.

          Y eso es lo que finalmente conseguí, una entrevista con uno de los hijos. Fue una entrevista dura, el hijo se hizo consciente de la insuficiente atención de su padre y el riesgo en que se encontraba, quizá ya lo era. Entendía perfectamente mi obligación de hacérselo ver y reconocía su incapacidad para hacer las cosas de otro modo. Mi objetivo era saber que la familia tenía clara su responsabilidad y valorar conjuntamente las posibilidades, aunque finalmente la situación no se modificase. El hijo viajaba mucho debido a su trabajo y no podía llevarse a su padre, y le preocupaba llevarlo a un Centro residencial, por encima de su propio deseo, estando convencido de que eso era "matar a su padre". Si lo llevo a una residencia se me muere, me dijo varias veces entre lágrimas. No era la única opción, le dije, podían buscar a alguien que conviviese con él.

          El hijo de Andrés abandonó mi despacho con un compromiso: valoraría las opciones y procuraría hablar con su hermano para tomar una decisión conjunta. Yo me quedaba más tranquilo, al menos sabía que la familia era consciente de la situación, en sus manos quedaba tomar medidas o no hacerlo.

          Poco tiempo después supe que lo ingresaron en una residencia, a la que pareció adaptarse sin mucha dificultad. Le dijeron que iban al hospital y que en pocos días volverían a llevarle a casa. En un par de meses falleció. No murió en su casa, como era su deseo, sino en una residencia. Cuidado, limpio, bien alimentado, con sus necesidades cubiertas, con toda la dedicación del mundo. Pero ese no era su deseo.

          Es imprescindible reflexionar sobre cada intervención que realizamos. En este caso, ante un hombre mayor en riesgo, opté por no comunicar nada a fiscalía, únicamente hablé con la familia. En otras ocasiones sí me he dirigido al Ministerio Fiscal, incluso solicitando la incapacitación judicial, es un tema muy complejo al que dedicaré otra entrada más adelante.

          Pienso que actué como debía. Posiblemente Andrés se tenía que morir, daba igual si estaba o no en su casa, pero lo cierto es que sus últimos meses no los vivió como él deseaba. Cuando alguien acude a mí como profesional y me cuenta que es necesario obligar a un anciano a vivir mejor, pienso en Andrés. ¿Quién decide cuál es la mejor manera de vivir? ¿quién tiene derecho a decidir el bienestar de los demás?

          Como veis no cuento este caso porque fuera un éxito de intervención, ese tipo de casos tienen poco interés, lo cuento porque me sigo haciendo muchas preguntas y pienso que se espera de los Servicios Sociales mucho más de lo que podemos hacer. Nuestra labor es fundamental pero no tenemos varita mágica, estamos para acompañar y orientar los procesos, no para obligar o imponer cambios.


Y para concluir por hoy...

Ayer 8 de marzo, Día de la Mujer, en Zamora nos manifestamos por el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. No queremos que una moral se imponga sobre otra. Los derechos sexuales y reproductivos deben garantizarse por parte de las instituciones por medio del acceso a una educación sexual integral libre de prejuicios.